UST/La Unión Europea ha aprobado un rescate de 39.500 millones de euros para salvar, no al sistema financiero español, sino a los acreedores del sistema financiero español: la banca alemana y francesa. Pues serán los grandes perjudicados de la quiebra del sistema financiero español.
La deuda se ha convertido en la fuerza motora de sucesivas reformas que persiguen transferir una mayor riqueza de las rentas bajas y medias a las rentas altas.
Así nos encontramos con la negativa del Gobierno a revalorizar las pensiones, tal como se recoge en el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social y cuyo coste ascendería a 4 mil millones de euros, por no existir dinero; pero desde el comienzo de la crisis se han aprobado ayudas directas para salvar a los bancos por valor de 216 mil millones de euros, el 21% del PIB y que equivale a 54 veces lo que supondría la revalorización de las pensiones. Evidenciando que no estamos ante un problema de escasez de los recursos, sino de redistribución de la riqueza en beneficio de una minoría social.
No es de extrañar, entonces, que España, junto a Rumanía y Bulgaria, sea el país de la Unión Europea con un mayor porcentaje de población en riego de pobreza, el 21,8%. Además de ser el país de la UE-27 en donde más están creciendo las desigualdades sociales: si antes de la crisis el 20% de la población más rica ingresaba 5,3 veces lo que ingresaba el 20% de la población más pobre, en 2011 esa proporción había subido hasta 6,8 veces.
La deuda se ha convertido en el principal instrumento de dominación de los poderes financieros sobre los Estados europeos, quienes otorgan cada vez más competencias monetarias, fiscales y presupuestarias a organismos no electos por la ciudadanía. Y que explica que España y la Unión Europea estén transfiriendo la deuda privada de la Banca a sus ciudadanos. Tras haberse enriquecido a costa de muchas personas por medio de las hipotecas, preferentes y otros productos financieros.
En una primera fase, se empleará el dinero de los ciudadanos europeos para inyectar 2.500 millones de euros al Sareb (Banco Malo) y 37.000 al FROB, que se encargará de la reestructuración del sistema financiero español. Aumentando la deuda estatal en un 4%. Cuando son estas entidades las que solicitan el desahucio de las familias con hipotecas que, por un deterioro del empleo, se ven en el paro no pudiendo pagar sus obligaciones como lo habían realizado hasta entonces. A ellos les salvan para que ellos nos desahucien.
En esta primera fase, los bancos a los que el FROB inyectará el dinero del los ciudadanos serán BFA-Bankia, Caixa Catalunya, NovaCaixaGalicia y Banco Valencia, quedando pospuesta la decisión sobre el resto de bancos que necesitarán ayuda pública para el 20 de diciembre.
Rescate que nos va a costar a los españoles, sólo en intereses, 2.000 millones de euros al año. Más de lo que Rajoy va a dedicar a Educación en todo el año 2013, que son 1.944 millones.
No serán los bancos sino los ciudadanos quienes asumiremos la obligación de devolver los 39.500 millones de euros que les van a dar de ayuda y sus intereses. Además de los pérdidas del Banco malo creado por el Gobierno para concentrar todos los activos tóxicos de la burbuja inmobiliaria.
Desde la Unión Sindical de Trabajadores DEMANDAMOS:
1.-NACIONALIZAR de los bancos rescatados.
2.-CONSTRUIR un PARQUE de VIVIENDAS de ALQUILER SOCIALcon todas las viviendas en posesión de la Banca. No pudiendo superar el precio del alquiler el 25% de los ingresos familiares.
3.-REFORMAR la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA para que incluya en su articulado la ilegalización de la especulación y la usura; la prohibición de que las partidas del gasto social y los ciudadanos pierdan poder adquisitivo; la obligación de todo gobierno de rescatar a todos los ciudadanos que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza; y la prohibición del pago de toda deuda ilegítima obtenida en detrimento de los intereses de los ciudadanos.
4.- Un ERE de extinción contra todos los políticos por no representarnos por legislar contra todos los políticos.
5.- Los culpables y cómplices de esta estafa sean juzgados judicialmente para que sean depuradas sus responsabilidades. Siendo considerados los partidos políticos con representación en cargos públicos responsables subsidiarios.
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