MSR Aragón: Programa

PROGRAMA POLÍTICO DEL MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO

300 MEDIDAS PARA CAMBIAR ESPAÑA.

PREÁMBULO.

Ante nosotros, el reto, la voluntad y el compromiso de hacer oír nuestra voz, la voz del socialismo patriótico. España no puede seguir siendo un pueblo sin fuerza institucional, sin una estructuración política genuina y transparente, sin unos políticos comprometidos con sus pueblos.

El reto que se nos presenta es difícil e ilusionante. En una sociedad en que la corrupción atrofia los mecanismos supuestamente democráticos, el consumismo individualista nos hace olvidar el interés colectivo y los partidos olvidan intencionadamente nuestra entidad como pueblo, la acción política se hace más compleja, pero también más necesaria. Sabemos que es muy difícil que nuestro programa político pueda ser puesto a prueba a corto plazo, pero nuestra obligación, al querer estar presentes en la vida política y social de España, es decirle a nuestro pueblo, cuáles son nuestras propuestas y cómo es el futuro que queremos para nuestra comunidad nacional.

Como refleja nuestra Norma Programática, propugnamos una política cercana y eficaz, marcada por las ideas fuerza que imprimen los siguientes calificativos:

Una política NACIONAL, capaz de reconocer la identidad de nuestros pueblos, de dotarnos de unas instituciones propias y eficaces, de posibilitar una convivencia pacífica e igualitaria entre todos los pueblos de España.

Una política SOBERANA, revitalizando el concepto de comunidad nacional, que promueva la cooperación entre todos los pueblos, enfrentándose al imperialismo y al neocolonialismo que desgarra las relaciones internacionales y condena al Tercer Mundo a vivir y morir en la miseria.

Rechazamos una visión del Mundo uniforme, globalizada y monótona, verdadera creación virtual fabricada en los laboratorios de las grandes compañías multinacionales, y apostamos por un mundo multipolar, lleno de culturas variadas que se enriquecen mutuamente y que deben desarrollarse en su espacio geopolítico natural.

Una política SOCIALISTA, cuyas prioridades se establecen en la defensa de los colectivos menos favorecidos, de los trabajadores, de los hombres del campo y del mar, de los estudiantes y los niños, de las mujeres y de los mayores, de todos los excluidos en la sociedad despersonalizada que nos envuelve. Para el MSR es prioritario establecer las condiciones económicas y políticas adecuadas para que cualquier persona pueda acceder a un trabajo digno y a unas condiciones de calidad de vida suficientes. Se trata de que todos seamos un poco más felices.

Una política DEMOCRÁTICA, que apuesta llevar a todos los ámbitos la participación ciudadana y social, progresando en el camino de construir una democracia participativa, donde los intereses de los poderes económicos o mediáticos se encuentren plenamente controlados por instituciones populares.

Una política ECOLOGISTA, que entiende que la consecución del bienestar social va indisolublemente unida al concepto de vida natural, de preservación de la calidad ambiental y de racionalidad en el consumo.

Una política IDENTITARIA, que proteja, estudie y divulgue el aporte cultural, la riqueza etnográfica y el patrimonio histórico de nuestros pueblos, y que al mismo tiempo diseñe alternativas modernas, eficaces e imaginativas para solucionar los problemas específicos y estructurales de las distintas comunidades que conforman España.

Los socialistas patriotas nos enfrentamos al nuevo siglo planteando la revitalización de las comunidades populares frente al capitalismo global. Es necesario plantear un gobierno de los pueblos para evitar otro gobierno de los tecnócratas al servicio de los intereses económicos.

2. Es necesario reivindicar el concepto de Espacio de Civilización, apostando por un proyecto histórico que nos devuelva el orgullo de ser lo que siempre hemos sido, Europeos.

Ha llegado la hora de que alcemos nuestra voz.

¡Tú decides!

TRABAJO

El mundo del trabajo está sufriendo profundas transformaciones debidas a la revolución tecnológica y a la ofensiva salvaje del capitalismo. Pero su naturaleza no ha cambiado. El trabajo sigue siendo la principal fuente de valor y su papel en la producción económica sigue siendo indispensable. Por ello, el trabajo sigue siendo objeto de explotación por parte de las oligarquías económicas, que intentan, legislatura tras legislatura, reducir los derechos sociales y laborales que les permitan aumentar sus tasas de explotación y el aumento de las plusvalías. Frente a ello, el MSR tendrá como objetivo primordial la defensa de los intereses de las clases trabajadoras, auténtico cimiento sobre el que se levanta la Nación.

Acabar con el despido libre. Se elaborará una reforma del Estatuto de los Trabajadores para convertirlo en Ley Orgánica que, entre otros cambios, modifique la Sección 4ª relativa a la extinción de los contratos de trabajo, para que en caso de despido improcedente establecido por sentencia de los tribunales de lo social, la decisión última corresponda al trabajador.

Reducir por ley la jornada laboral a las 35 horas semanales, sin que suponga en ningún caso reducción salarial, estableciéndola en sucesivos plazos que garanticen la negociación colectiva y eviten perjuicios en las pequeñas empresas.

Desarrollar un Plan Nacional de Empleo que contenga medidas para incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo estables a través de la reducción de la jornada laboral y de la eliminación de las horas extraordinarias (salvo las de extrema necesidad).

Ilegalizar las empresas de trabajo temporal (ETT) por haberse convertido en una fórmula de explotación abusiva, de precarización laboral, cesión ilegal de trabajadores y discriminación de los mismos. Se derogaría toda la legislación referida a las ETT.

Modificar el texto constitucional y leyes subsidiarias para permitir que las Organizaciones Sindicales puedan participar directamente en el Legislativo a través de las elecciones al Congreso de los Diputados en las condiciones que marque el desarrollo de una nueva Ley Electoral.

Fomentar la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, impulsando transformaciones en las relaciones empresa-trabajadores para que los trabajadores participen en el proceso de toma de decisiones de la empresa a través de la representación en los Comités y Secciones Sindicales.

Establecimiento de un salario social para el colectivo de parados de larga duración o aquellos con cargas familiares.

Establecer los Convenios Colectivos Sectoriales como el marco de negociación adecuado para garantizar la defensa de los derechos laborales y sociales y la igualdad de todos los trabajadores que pertenecen a los mismos colectivos, respecto a derechos y obligaciones. Se harán las reformas legales precisas para no permitir negociaciones individuales que rebajen las condiciones establecidas en dichos Convenio Colectivos.

Reconocimiento del derecho a sindicación de trabajadores autónomos, parados, jubilados, estudiantes, amas de casa...

Creación de una banca sindical, la cual tendrá en su dirección a representantes de las organizaciones sindicales que representen a los trabajadores de cada sector productivo.

La prohibición de todo tipo de explotación del trabajo de los menores de 16 años, incluso bajo la forma de prácticas de formación.

Desarrollar medidas específicas para atender a los sectores sociales que padecen de forma más aguda la falta de empleo y, por tanto, dar prioridad a la incorporación al mercado laboral de los jóvenes, las mujeres y las personas mayores de 45 años que se encuentren en situación de desempleo de larga duración.

Detectar nuevas necesidades sociales susceptibles de convertirse en nuevos sectores laborales, como los denominados nuevos yacimientos de empleo: servicios sociales, culturales, de ocio, medioambientales, etc., priorizando los proyectos que vayan a crear empleo en el medio rural y en zonas en riesgo de desindustrialización. Fomentar la constitución de empresas de economía social, ya que esta forma societaria es la que mejor se adapta a la oferta de estas nuevas ocupaciones.

4. Incrementar el salario mínimo interprofesional a 1000 euros, así como equiparar salarialmente y en cuanto a protección social a los trabajadores a tiempo parcial, a los de contratos formativos y a los de empresas de trabajo temporal mientras existan. Hay que tener en cuenta que el SMI español es el más bajo de la Unión Europea.

Incrementar las partidas presupuestarias destinadas a fomentar la seguridad y salud en el trabajo, así como extremar la labor de la Inspección de Trabajo con el fin de reducir el elevadísimo número de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Promover la conciliación de la vida laboral y familiar de todos los trabajadores y trabajadoras. Entre otras medidas, proponemos las siguientes:

Reducción en un tercio de la jornada de trabajo ordinaria, sin merma en los haberes económicos para el cuidado de hijos menores de un año, en caso de nacimiento, adopción y acogimiento permanente o preadoptivo.

Reducción de un tercio o la mitad de su jornada ordinaria de trabajo para cuidar directamente de un menor de seis años o de una persona disminuida física, psíquica o sensorial, con el derecho a percibir respectivamente el 80% y el 60% de sus emolumentos.

Aumentar el número de Escuelas Infantiles subvencionadas para que, de acuerdo con los planes de producción, permitan conciliar la vida laboral y familiar.

Ampliar los permisos retribuidos a los casos de adopción o acogimiento preadoptivo o permanente de menores, así como en los casos de fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización de la persona con quien conviva conyugalmente en cualquiera de sus formas.

Reglamentar las excedencias de hasta tres años por cuidado de hijos menores de 6 años.

Obligatoriedad de reserva del puesto de trabajo o uno del mismo grupo profesional o de categoría equivalente durante todo el período de excedencia.

Considerar como efectivamente cotizados a la Seguridad Social los tres años de excedencia por cuidado de hijos e hijas.

Reforma del Código Penal para imponer penas severas de prisión, tanto a empresarios como al distinto personal laboral, que actúen contra los derechos y deberes adquiridos, tanto colectivos como individuales, en el marco de la empresa. No se permitirá ni la explotación, ni la picaresca ni ninguna actividad insolidaria entre trabajadores.

VIVIENDA

El MSR defenderá el derecho a una vivienda digna tal como establece el actual texto constitucional.

Para ello, intervendrá el mercado del suelo con objeto de evitar la especulación inmobiliaria, disponiendo de un parque inmobiliario público suficientemente amplio capaz de controlar los precios, y mediante medidas que desincentiven la existencia de viviendas desocupadas. Así mismo, se articularán iniciativas para promover la rehabilitación o renovación de viviendas usadas.

Es necesario evitar que los más desfavorecidos se encuentren marginados a la hora de poder disponer de una vivienda digna en la cual poder desarrollar un proyecto de vida. Estas viviendas públicas se intentarán construir buscando su integración en el entorno urbano y natural, donde la calidad de vida y los servicios disponibles constituyan un marco adecuado de integración ciudadana. Desde esta perspectiva, el MSR propone las siguientes iniciativas:

Defender un modelo urbanístico que potencie la ciudad como espacio vital y de convivencia, modificando la actual Ley sobre el Régimen del Suelo, para conseguir un crecimiento urbano de calidad, que prime las actuaciones públicas en los vacíos urbanos existentes en el interior de la ciudad, y que revitalice nuestros cascos históricos sacándolos de la marginación, el abandono y el ostracismo a los que están sometidos tras décadas de especulación y rapiña.

Desarrollar los mecanismos de intervención pública necesarios para abordar los problemas urbanísticos que se producen en nuestros municipios. Esto implicará reformar la Ley de Urbanismo, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley de Ordenación de la Edificación, cambiar la Ley sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones y derogar los Decretos sobre Liberalización en el Sector Inmobiliario.

5. Realizar un Inventario del Suelo que poseen las diferentes Administraciones Públicas, con el fin de constituir un Patrimonio de Suelo Público, estatal, autonómico y municipal, que permitan disponer de los terrenos necesarios tanto para la construcción de viviendas de protección oficial, como para la ejecución de las infraestructuras necesarias.

Actuar decididamente sobre el mercado del suelo, introduciendo en el mismo los terrenos sin uso actual, con el objeto de facilitar el abaratamiento del suelo donde construir viviendas protegidas a un precio económico. Es necesario evitar la venta innecesaria y especulativa de suelo público y aprovechar de forma efectiva dichos espacios en beneficio de la comunidad.

Promover medidas fiscales que penalicen las viviendas vacías con afán especulativo, para permitir acometer, de forma urgente, la demanda actual de viviendas, realizando las modificaciones necesarias en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Mejorar los mecanismos de control y gestión de las actividades urbanísticas para evitar la especulación. Control que será llevado a cabo por una sección específica de la administración estatal: los Comisarios del Estado para la Vivienda y el Urbanismo.

Diseñar un Plan Quinquenal de Viviendas, con objeto de extender, al máximo posible, el derecho a una vivienda digna para la población demandante mediante las siguientes actuaciones: Aumentar los presupuestos para financiar políticas sociales de vivienda; extender las ayudas por compra de vivienda a todos los casos de primer acceso a la vivienda en propiedad, potenciando la cuantía de las mismas en los casos de jóvenes y adquirentes con menores ingresos; potenciar la rehabilitación de viviendas; permitir hacer compatibles las ayudas por compra y rehabilitación; fomentar el mercado de alquiler de viviendas y desarrollar programas integrales de recuperación de los cascos históricos.

Impulso a la arquitectura y el urbanismo bioclimáticos aprovechando las condiciones ambientales para crear confort en los espacios públicos y los edificios, reduciendo en éstos la necesidad de climatización artificial.

La creación de espacios intermedios entre el espacio de la vivienda y el público, para favorecer el esparcimiento infantil, el deporte y, en general, los espacios de ocio.

Potenciación de la repoblación rural. Creación de un Organismo Estatal cuya función sea facilitar, mediante ayudas, a familias y personas que deseen incorporarse a la vida de pueblos en vías de extinción, fomentando las estructuras necesarias para garantizar las necesidades imprescindibles para el buen desarrollo de sus propias vidas y de sus hijos.

SERVICIOS PÚBLICOS.

La búsqueda de un desarrollo viable y la revolución de las tecnologías hacen necesaria una nueva filosofía de los servicios públicos urbanos de las comunicaciones. El MSR apuesta por una política racional de transporte, basada en el ahorro energético y de materias primas: potenciar el ferrocarril frente a las autovías, el transporte público y la bicicleta en las áreas metropolitanas, y sobre todo, reivindicar la producción y un urbanismo autocentrado. En este sentido, el MSR propone:

Descentralización de las ciudades. El MSR potenciará todas aquellas iniciativas destinadas a dotar a la periferia y a los barrios de las ciudades de todos los servicios urbanos, rechazando la compartimentación del espacio urbano por su funcionalidad. Proporcionar a todos los distritos residenciales de dotaciones educativas, culturales, sanitarias, sociales, deportivas, comerciales, de ocio, zonas verdes, jardines y espacios públicos.

6. Apuesta por un transporte público eficaz, con tendencia a su gratuidad, como medio de mantener la ciudad articulada, a la vez que se reduce la polución atmosférica y acústica frente al automóvil. En este sentido también se promoverán medios de transporte alternativos tales como la bicicleta, dotando a la ciudad de una infraestructura adecuada, y promocionar la peatonalización de los cascos antiguos.

Planificación de las infraestructuras destinada a la comunicación y transporte entre la ciudad y su entorno comarcal con planes territoriales que potencien su desarrollo, ya que éste es imposible sin una adecuada interrelación económica y social.

Extender gradualmente a todo el territorio nacional la red de fibra óptica y ponerla a disposición de las Administraciones Públicas de forma gratuita.

Se crearán redes de conexión entre los distintos organismos públicos, universidades, institutos, federaciones de asociaciones, etc. para favorecer el tránsito de datos entre las mismas, obteniendo así un mayor beneficio para todos.

Se potenciará el acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías de la comunicación, articulando un servicio gratuito de Internet de carácter público, al tiempo que se subvencionará la adquisición de equipos informáticos por las familias.

Para cumplir estos objetivos, se reformará la legislación referente al Sector de las Telecomunicaciones, Servicios Postales, Impacto Ambiental y Urbanismo.

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TRANSPORTES.

Un aprovechamiento óptimo del desarrollo de las fuerzas productivas impone un criterio de racionalización incompatible con el fundamentalismo liberal que deja al mecanismo del mercado la asignación de los recursos y los niveles de producción. Ese criterio de racionalidad sólo es aplicable a través de la planificación económica que oriente la producción para hacer frente a la demanda social de bienes. Para evolucionar en esta dirección, el MSR propone:

La creación del Ministerio de Economía y Planificación, cuya labor estratégica pasará a ser la construcción de una red de recogida de datos para la aplicación del cálculo económico y la asignación racional de recursos, en colaboración con las Organizaciones Sindicales, asociaciones empresariales y administraciones autonómicas y municipales. Estas funciones serán regladas por medio de una Ley Orgánica de Planificación de la Economía. Los planes a corto, medio y largo plazo serán especificados anualmente por medio de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Se reformará, igualmente, la Ley General Presupuestaria.

Las reformas legales afectarán necesariamente a las formas de propiedad de los medios de producción para adaptar derechos y deberes al nuevo marco de planificación. En concreto, se verán afectadas la Ley de Sociedades Anónimas, Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Laborales y Cooperativas. Con objeto de garantizar el sistema financiero para acometer el nuevo modelo económico también deberá ser modificada la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

Reconversión ecológica de la industria: Cuando se examina el actual sistema industrial desde el punto de vista de la ecología política, contrastamos que extrae energía de recursos agotables (petróleo, carbón, uranio...), consume materias primas a un ritmo superior al de su renovación (tala de bosques, sobreexplotación del agua dulce...) y produce desechos contaminantes que es incapaz de reutilizar (gases de efecto invernadero, CFCs, residuos radiactivos...). Proponemos un programa energético de transición hacia un sistema de producción de energía basado en las energías renovables (sol, eólica, mareas, geotérmica...). Dicho programa de transición debe comenzar por el abandono urgente de la energía nuclear, la reconversión de las centrales térmicas y una política prioritaria para el fomento del ahorro energético, la cogeneración y el impulso a las energías renovables activas (solar, eólica...) y pasivas (arquitectura bioclimática).

7. El desarrollo sostenible como objetivo económico implica introducir el concepto de economía circular en la planificación económica. Por economía circular entendemos un sistema de producción, distribución y consumo que recicle y reutilice en cada fase los residuos de la fase anterior, usando como motor del proceso energías y recursos renovables.

La incineración que transforma los residuos en venenos químicos e impide su reciclaje debe ser sustituida por planes ecológicos de gestión de residuos basados en la penalización del embalaje no reutilizable, la selección de las basuras en origen y el reciclaje.

Paralizar definitivamente privatizaciones de empresas públicas y defender el empleo y las inversiones en las comarcas afectadas por los procesos privatizadores. Velar para que en los sectores estratégicos como la energía eléctrica o las telecomunicaciones la orientación mercantilista no ahogue la rentabilidad social necesaria.

Reducir la tarifa eléctrica en las zonas productoras o afectadas por infraestructuras de producción eléctrica en al menos un 15%, cuantía equivalente a la pérdida ocasionada en el transporte de energía, con lo que se compensa a las comarcas que han padecido las servidumbres de las infraestructuras hidráulicas.

Crear un sistema integrado de transportes y comunicaciones cuyo objetivo básico sea articular el territorio, comunicando todas sus zonas y posibilitando el mantenimiento de la población.

Potenciar el ferrocarril. Para ello, son necesarias urgentes inversiones de modernización que inviertan el proceso de desmantelamiento de la red de ferrocarriles. Se primará el beneficio social, evitando así que muchas comarcas puedan verse abocadas a su aislamiento y consiguiente asfixia económica, y con la firme convicción de que la mejora del servicio de trenes propiciará el desarrollo económico de las mismas. Todo ello se logrará mediante la reapertura de líneas cerradas, ampliación de horarios, electrificación del conjunto de la red y la construcción de doble vía en los tramos más transitados. Se aprovechará la capacidad del ferrocarril como medio de transporte de mercancías, descongestionando así la red de carreteras del tráfico pesado.

Ampliación de la alta velocidad ferroviaria (AVE), optimizando la utilización de tecnologías, diseños e inversiones nacionales, y priorizando la eliminación de sus potenciales negativas repercusiones en el medio ambiente.

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

El sistema agrícola (y ganadero) mundial, basado en el abuso de los abonos químicos y pesticidas está llevando a una situación en la que, en el Norte desarrollado se producen excedentes alimenticios a costa del deterioro irreversible de los suelos, mientras que la agricultura tradicional europea y la del tercer mundo desaparece, al no poder competir con los productos más baratos de la agricultura química, abocando a las poblaciones del Sur al hambre. Frente a la agricultura que sólo busca aumentar la producción a costa de lo que sea (generalmente a costa de mineralizar y degradar los suelos), el MSR propugna una agricultura orientada hacia una producción de calidad para el mercado interior. De ese modo garantizamos la conservación de los recursos agrícolas (suelo, agua, diversidad de especies...). Los agricultores deben estar seguros de que su labor en beneficio de la conservación del suelo, el agua, la variedad de las especies, etc., va a ser valorada por la sociedad, mediante subvenciones específicas. Dichas subvenciones deben igualmente ser retiradas de las prácticas agrícolas excedentarias y/o contaminantes de los recursos agrícolas. Esta misma filosofía debe informar la pesca, donde la recuperación de bancos esquilmados, y la moratoria de especies serán acompañados de planes de viabilidad para la flota pesquera. Las propuestas del MSR se centrarán en:

8. Desarrollar un Plan Nacional para el Sector Primario concertado con los agentes sociales implicados para conseguir la progresiva y no traumática transformación del Medio Rural, mediante políticas de agro-industrialización, subvenciones a los jóvenes agricultores, fomento del turismo rural, infraestructuras básicas y actuaciones de recuperación y defensa del medioambiente.

Articular un marco de participación institucional de las organizaciones agrarias y cofradías de pescadores a través de la creación de un Consejo Nacional del Campo y el Mar. Fomentar el asociacionismo entre los productores y la unión de cooperativas, estableciendo ayudas técnicas y económicas, y aprovechando las sinergias propias de la planificación. La creación de un Estatuto del agricultor y del Pescador para garantizar la más justa asignación de ayudas, evitar el intrusismo, y dignificar la actividad agraria, ganadera y pesquera.

Los agricultores, ganaderos y pescadores pasarán a formar parte del Régimen General de la

Seguridad Social mediante la reforma de la Ley General de la Seguridad Social.

Consideración del Medio Rural como un ámbito estratégico y prioritario de la política nacional.

Rechazar las propuestas de abandono de tierras, y diseñar políticas activas para mejorar la viabilidad de las posibles alternativas económicas así como la calidad de vida de sus habitantes.

Desarrollar mecanismos que protejan los cultivos no competitivos buscando alternativas a sus fuentes de ingresos: agro-industria, agricultura biológica, turismo verde...

Defender las producciones mediterráneas en las negociaciones de la Organización Mundial del

Comercio y exigir, dentro de la Unión Europea, un tratamiento igualitario con las producciones continentales del norte. Diversificación de producciones agrarias y ganaderas.

Crear fondos especiales para la adopción de medidas económicas de carácter urgente en el caso de pestes, epidemias o variaciones de mercado que pongan en peligro la estabilidad del sector y la viabilidad de las explotaciones ganaderas.

Realizar una política efectiva de concentración parcelaria, corrigiendo los efectos negativos al medioambiente que esta transformación produce, así como la modernización de la maquinaria agrícola mediante empresas colectivas de actividad planificada por las Cámaras Agrarias.

Prohibición de la producción, importación y comercialización de alimentos transgénicos, modificados genéticamente o tratados con procedimientos bioquímicos, por considerarlos una amenaza para la salud y para la biodiversidad.

Apostamos por una vertebración comarcal del territorio nacional, unificando mapas agrario, industrial, educativo y sanitario, obteniendo así una mejor coordinación y eficacia en las tareas de autogobierno y descentralización progresiva del poder. La Comarca, como entorno natural y tradicional, se convertiría así en el marco adecuado para el desarrollo del medio rural.

Fomentar las repoblaciones forestales con especies autóctonas; protección de las especies vegetales de valor y defensa de las razas ganaderas autóctonas. La conservación de bosques, costas y demás entornos naturales contará para ello con la ayuda imprescindible de un Sistema Nacional de Voluntariado.

HACIENDA.

Un ambicioso proyecto de reformas y transformaciones como el que pretende el MSR sólo puede llevarse a cabo si las distintas administraciones y agentes disponen de la suficiente financiación.

Una parte fundamental de esta financiación pasa por la acción recaudatoria vía impuestos, gravando las actividades no estratégicas, combatiendo el insoportable fraude fiscal y apelando a la solidaridad, con tributaciones más altas que permitan asignar recursos allí donde son necesarios aunque eso implique una menor disponibilidad individual de gasto. Se trata de repartir unos mayores ingresos “en especie” a costa de unos menores ingresos monetarios. Es una apuesta difícil porque contradice la cultura individualista dominante, pero sin duda, una apuesta más solidaria, justa y con un horizonte de futuro más favorable para la cohesión social y la vertebración nacional.

9. Para ello, el MSR apuesta por:

Proceder a una amplia Reforma Fiscal, que incluya reducciones para los tramos inferiores de la escala de rentas, dando mayor peso a los impuestos directos y rebajando los indirectos en los productos más necesarios para la población. Se harán las modificaciones precisas para cumplir este objetivo en la Ley General Tributaria, el Reglamento General de Recaudación, la Ley del impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley sobre el Impuesto de Sociedades, la Ley de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines lucrativos y de incentivos al Mecenazgo, la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, Ley de Impuestos Especiales, Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Ley del IRPF, Ley de Reforma del Procedimiento Tributario, así como de los desarrollos reglamentarios de los textos legales anteriormente señalados.

Creación del Impuesto Ecológico para actividades contaminantes o potencialmente peligrosas para el Medio Ambiente, Reforma del IRPF para aumentar la progresividad fiscal y que paguen más los que más tienen.

Plan para la dotación de deducciones familiares que signifiquen un aumento del salario real de las familias con familiares a su cargo, sean niños, deficientes, minusválidos o mayores.

Adecuación del Impuesto de Sociedades a la realidad de los beneficios empresariales, complementado con un impuesto sobre las grandes fortunas y aquellas herencias sobre medios de producción que afectan a terceros.

Tratamiento más adecuado a la tributación de los autónomos y profesionales.

Modificaciones en el IVA que beneficien los productos de primera necesidad, las actividades artísticas y culturales, y que penalicen los bienes suntuarios y de lujo.

Se hace perentoria la lucha contra el fraude fiscal, y la normalización de la economía sumergida.

Esta función inspectora tomará un carácter estratégico y será llevada por una sección especial del Cuerpo de Comisarios del Estado para delitos fiscales.

Reforma del actual Fondo de Compensación Interterritorial, transformándolo en un Fondo de

Solidaridad Interterritorial, dotado por las comunidades de mayor nivel de renta, y cuyos fines sean consensuados por las diferentes administraciones autónomas. Sus dotaciones deberían incrementarse hasta alcanzar el 10% de la inversión pública del Estado. Esta reforma alcanzará a la actual Ley del Fondo de Compensación Interterritorial, Ley de Incentivos Territoriales y Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

La completa separación entre Entidades Confesionales y el Estado, suprimiendo la financiación pública y todos los privilegios a cualquier creencia religiosa. En el mismo sentido, se suprimirán las subvenciones a otras entidades privadas, como ONG’s, asociaciones, etc.

Derogación de la actual Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Los partidos políticos deben de autofinanciarse de forma legal, clara y transparente, sin recibir ninguna subvención pública por parte del Estado o por lobbys de presión, siendo en este último caso, de detectarse o descubrirse, motivo de fuertes sanciones.

SANIDAD.

El MSR defenderá el carácter irrenunciablemente público del Sistema Nacional de Salud, apostando por la consolidación y mejora de la sanidad gratuita y universal. Por ello, proponemos desmontar las medidas privatizadoras de los gobiernos anteriores, que hacen primar los criterios de rentabilidad económica sobre los sociales y hacen recaer el coste sanitario en los usuarios. Medidas que además suponen precarización laboral, reducción de servicios y parasitación del sistema público por aseguradoras privadas.

10. El MSR tiene como objetivo potenciar la promoción de la salud y estilos de vida saludables, propiciando una medicina preventiva que ahonde en las causas de los problemas sanitarios a través de campañas y de educación sanitaria. Por ello, apostamos por una estructuración de la sanidad que tenga como base fundamental la asistencia primaria y no la medicina de especialistas que, aun siendo eficaz, resulta agresiva. En esta línea de actuación, las medidas que propone el MSR se concretarían en:

Rechazar la conversión de hospitales y centros públicos en Fundaciones, derogando el Real Decreto de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia y realizando las modificaciones oportunas en La Ley General de Sanidad, RD sobre Ordenación de Prestaciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, RD sobre Organización de los Servicios Territoriales del Instituto Nacional de Salud, Ley del Medicamento y Ley General de la Seguridad Social, que permitan acometer las reformas que a continuación se señalan.

Llevar a cabo una profunda reforma de la atención primaria, aumentar el número de los centros de salud, resolver los problemas en la atención de urgencias y completar la atención especializada en todos los centros, así como incrementar la dotación de Enfermería y atención domiciliaria e implantar el servicio de Pediatría en todos los Equipos de Atención Primaria.

Elaboración y desarrollo de un Plan de Salud Mental.

Acometer de forma planificada la creación en todas las cabeceras comarcales de una red de centros médicos de especialidades de carácter integral y con una dotación de camas de hospitalización, que complete la descentralización de la atención especializada y hospitalaria, para preservar las condiciones de vida dignas en el medio rural.

Reforma del INSALUD para que se puedan establecer de forma inmediata convenios con los servicios de salud de las CCAA limítrofes, que garanticen la asistencia hospitalaria, y no sólo la de urgencias, a los usuarios de aquellas zonas que distan excesivamente de su hospital de referencia.

Elaborar un Plan para la comarcalización de la asistencia primaria y hospitalaria, creando hospitales de carácter generalista, en las cabeceras de todas las comarcas.

Poner en marcha de forma inmediata el Servicio Nacional de Emergencias, como centro coordinador de los recursos existentes en hospitales y centros de salud para prestar un servicio rápido y eficaz en situaciones de emergencia.

Crear un servicio público de vehículos de urgencia, medicalizados y con profesionales especializados, que garantice una atención igualitaria en todo el territorio nacional.

Modernización de los hospitales provinciales, para darles un carácter más especializado. Así mismo, se creará una Red de Centros Hospitalarios Especiales para determinados tratamientos.

Desarrollo de campañas hacia la población sobre el uso racional del Sistema Sanitario con medidas de sensibilización sobre el coste de los servicios. En el mismo sentido se actuará sobre el consumo racional de medicamentos.

Hacer efectivo el derecho de libre elección de médico y de centro sanitario, así como la posibilidad de obtener una segunda opinión médica en los diagnósticos.

Se dignificará la función de los profesionales sanitarios, potenciando la formación y la realización profesional, y aplicando con rigor los reglamentos existentes sobre incompatibilidades.

Regular jurídicamente la utilización del testamento vital que deje a salvo la conciencia y el juramento de los profesionales sanitarios.

Abrir un debate interdisciplinar sobre bioética que permita abrir y potenciar proyectos de investigación (células madre y otros) sin conculcar derechos fundamentales.

Implantación de la tarjeta sanitaria homologable para el conjunto del Servicio Nacional de Salud y la futura Tarjeta Sanitaria Europea, como garantía de la universalidad y el carácter igualitario de nuestro Sistema Nacional de Salud.

Desarrollar la información Sanitaria en Internet

Extender el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), tanto social como sanitario, de manera que progresivamente vaya cubriendo un porcentaje mayor de la población mayor de 65 años.

11. Potenciar la Agencia de Seguridad Alimentaria para combatir el fraude y defender la salud pública, para lo que se le asignará una sección del Cuerpo de Comisarios del Estado para la Salud Pública.

Hacer un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, impulsando el campo de la Medicina del Trabajo como una parte más del Sistema Nacional de

Salud. Creación de los Comisarios del Estado para la Seguridad en el Trabajo, con fuertes competencias para su labor inspectora.

SERVICIOS SOCIALES.

El MSR plantea una política social que contemple una mayor protección a los más débiles. El egoísmo social propio del individualismo dominante ha hecho de los mayores un estorbo despreciando el inmenso tesoro de la experiencia y la memoria; de los discapacitados unos seres sin futuro que representan una carga que supera en la mayoría de las ocasiones, la capacidad de las familias afectadas; de las consecuencias de una sociedad enferma (toxicomanías, sociopatías, etc.) ha generado enfermos sociales abandonados a su destino…

Para hacer frente a estos graves problemas sociales se pondrán en marcha dos mecanismos indispensables: las campañas de concienciación social y educación y el impulso del voluntariado juvenil, modificando la actual Ley del Voluntariado, con el objeto de favorecer a las estructuras y asociaciones que realizan estas tareas sociales y establecer un sistema de reconocimiento social a los voluntarios. Para todo ello, el MSR plantea las siguientes medidas:

Potenciar el Plan de Atención a las Personas Mayores, en coordinación con las CCAA, que contemple: una política sanitaria preventiva, una red suficiente de centros de día con servicio de estancia diurna, la ampliación del número de plazas en residencias públicas, pisos-residencias, Servicio de Acogida Temporal Familiar, ayuda a domicilio, teleasistencia y servicios de compañía.

Equiparar las pensiones contributivas mínimas al salario mínimo interprofesional y las no contributivas mínimas al 80% del mismo, reduciendo el incremento de las pensiones máximas.

Modificar la Ley General de la Seguridad Social separar inmediatamente las fuentes de financiación de las prestaciones contributivas, dependientes de las cotizaciones sociales y las no contributivas, que pasaran a depender de los Presupuestos Generales del Estado.

Elaborar un Plan Integral para Personas Discapacitadas, que contribuya a la integración total del colectivo de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales: atención sanitaria especializada, formación de padres y formadores, formación de intérpretes de lenguaje de signos y guías de sordociegos, medios de transporte públicos adaptados, viviendas adaptadas, centros de día y ayudas domiciliarias como alternativa a las residencias públicas, cumplimiento de la normativa que obliga reservar puestos de trabajo para discapacitados, etc.

Desarrollar un plan global para combatir el consumo de drogas, donde coexistan medidas preventivas, terapéuticas y de reinserción, combatir la demanda y reforzar la cooperación entre las instituciones para luchar contra el narcotráfico. Incluir un programa específico para drogodependencias alcohólicas; así como crear programas de reinserción mediante medidas para el acceso al empleo, vivienda o formación.

Perseguir y erradicar el juego ilegal, especialmente aquellas prácticas que utilizan a personas discapacitadas como reclamo, por tratarse de una manipulación indigna de la discapacidad, además de un fraude al consumidor y a la Hacienda Pública.

Lucha contra las ludopatías, evitando la puesta en marcha de cualquier tipo de loterías instantáneas y similares, que por su carácter compulsivo generan graves consecuencias para las personas afectadas.

Campañas de concienciación social, medidas de desgravación fiscal a la unidad familiar, y ayuda con personal especializado por parte de los servicios sociales, para favorecer la integración del anciano en su propio entorno familiar.

12. Creación de una Red de Residencias Públicas de la Tercera Edad, con distribución urbana y rural, capaz de asumir la demanda generada por nuestros mayores.

Creación de centros de educación infantil de 0 a 3 años y ampliación y flexibilización de sus horarios hasta cubrir las necesidades de este grupo de edad y de sus familias. Igualmente, se promoverá la apertura de los centros escolares fuera del horario escolar para aquellos menores que necesiten asistir a ellos, creando servicios de Atención, Formación y Guarda de menores.

INVESTIGACION Y CIENCIA.

La Investigación ha sido tradicionalmente la gran olvidada por los distintos gobiernos españoles.

Sin embargo, el futuro pasa necesariamente por invertir en ciencia y tecnología para aumentar la capacidad de creación de riqueza y calidad de vida, así como acometer grandes proyectos de infraestructura, acceso a la información y cohesión social. Los ciudadanos deben concienciarse de esta necesidad que, desgraciadamente, cuesta mucho dinero. El MSR afrontará inicialmente este desafío promoviendo las siguientes medidas:

Se fomentará la investigación científica, tanto por parte de las Universidades, como por acción de las empresas. Se reformará el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para que coordine todos los centros de investigación existentes en España y planifique, en coordinación con las distintas administraciones y Universidades, las líneas de I+D. Se definirán líneas prioritarias de investigación, en el ámbito del medio ambiente, las ciencias biomédicas, las nuevas tecnologías, el desarrollo energético, los nuevos materiales y la conservación del patrimonio.

Se incrementarán las dotaciones económicas destinadas a la investigación científica, hasta alcanzar el porcentaje del PIB destinado como media en la Unión Europea.

Desarrollar una Ley de la Ciencia y la Técnica para fomentar la investigación y la innovación tecnológica, con el objetivo de mejorar la eficiencia de nuestro tejido industrial, de desarrollar al máximo nuestras potencialidades y de avanzar en tecnologías limpias y nuevos materiales no contaminantes que permitan la transformación sostenible de nuestras industrias.

Fomentar el desarrollo de las energías renovables y de la eficiencia energética para reducir la utilización de las energías fósiles e iniciar sin más demora el inexorable proceso de cierre de las centrales nucleares.

Reformar la Ley de Patentes para incluir que las iniciativas de los investigadores españoles encuentren apoyo suficiente para poner en marcha sus proyectos mediante beneficios fiscales y subvenciones a devolver con la rentabilidad futura de dichos proyectos.

Promover el interés por la Ciencia mediante campañas educativas entre toda la población, dignificando la figura del científico y el ingeniero, como vocaciones que buscan el conocimiento y el servicio a la comunidad.

PYMES.

Las pequeñas y medianas empresas deben iniciar un profundo proceso de reconversión tras la evidencia de su imposibilidad para competir con las grandes industrias y empresas de distribución.

13. El futuro pasa por la especialización, la producción de calidad, la artesanía, el comercio y los talleres tradicionales y los servicios pegados al terreno. Tampoco puede olvidarse la problemática del trabajador autónomo, que por su falta de cohesión y déficit organizativo, sufre el agravio comparativo con otros sectores laborales de la producción. El MSR plantea una serie de iniciativas para proteger a estos sectores productivos:

Limitar la instalación de nuevas grandes superficies cuya proliferación ha supuesto un enorme impacto para el empleo y para la supervivencia del pequeño comercio, incentiva el consumismo compulsivo y de baja calidad, y deteriora el equilibrio urbanístico de nuestras ciudades y de nuestro modo de vida.

Apoyar al pequeño comercio para que pueda hacer frente a la situación creada de competencia desigual, apostando por la eficiencia y la especialización que debe acometer el sector, fomentando el asociacionismo y las uniones de detallistas.

Apoyo decidido al Comercio Tradicional, apostando por su modernización y su competitividad, como elemento de comercialización de nuestros productos.

Elaborar un Plan de Acción para las PYMES para que incorporen las nuevas tecnologías, se asocien en consorcios y orienten su producción a la calidad de los productos y servicios. Dicho Plan contaría con ayudas fiscales, subvenciones a la inversión condicionadas a la creación de empleo estable y de calidad y eliminación de prácticas empresariales perjudiciales.

En lo que se refiere a los trabajadores y profesionales autónomos:

Introducir en el Plan de Empleo un programa específico para facilitar la incorporación de desempleados a la actividad económica a través del autoempleo como trabajadores autónomos o creando microempresas. Esto irá acompañado de todo un mecanismo de ayudas para asistencia técnica, planes de viabilidad y transformación de explotaciones.

Facilitar la contratación laboral de familiares, cualquiera que sea su grado de parentesco, por parte de los trabajadores autónomos, con reducciones fiscales y de cotizaciones a la Seguridad Social.

Adaptar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con el fin de cubrir a los autónomos, potenciando los sistemas de autoevaluación de riesgos para empleadores con menos de seis trabajadores y desarrollar el análisis de riesgos en materia de autoprevención para las actividades profesionales más habituales.

Desarrollar actuaciones y ayudas que permitan la sindicalización de los trabajadores autónomos.

Impulsar programas con incentivos y ayudas con objeto de asegurar la continuidad de la actividad económica en el momento de la jubilación del titular.

Incluir a los autónomos, tanto en derechos como en deberes, en el Régimen General de la Seguridad Social, para garantizar unas pensiones de jubilación dignas.

MEDIO AMBIENTE.

El medio ambiente es un factor fundamental para nuestra vida y una gran responsabilidad, por un lado de agradecimiento con el legado de nuestros ancestros y por la obligación moral de dejarlo en las mejores condiciones a nuestros descendientes. La conservación del Medio Ambiente y una existencia lo más integrada posible en la Naturaleza son indicadores incuestionables de calidad de vida. La ecología es una de las grandes asignaturas pendientes de la política española. Por eso, el MSR tendrá una atención especial en este terreno con objeto de recuperar décadas de tiempo perdido y hacer frente a la destrucción que amenaza con poner en peligro la propia existencia de vida en nuestro planeta. En esta dirección, el MSR propone:

Elaborar una Ley Orgánica de Protección del Medio Ambiente, de carácter generalista, para aplicar al medio ambiente natural, a los ecosistemas rurales urbanos, al Patrimonio Histórico y Cultural, y a los estándares de calidad de vida amenazados por contaminantes de todo tipo (químicos, industriales, ruido, contaminación radioeléctrica, radioactiva, etc.)

14. Demandar en los estudios previos a la realización de obras de infraestructura la inclusión del estudio de impacto ambiental y la valoración del coste de expectativas para asegurar su viabilidad social, su integración en el medio ambiente y su rentabilidad económica y territorial. Esto obliga a la reforma de la Ley de Montes, Ley de Costas, Ley de Aguas, Ley de Carreterras, Ley del Suelo y Ordenación Urbana, Ley de Evaluación del Impacto Ambiental y Ley del Patrimonio Histórico español.

Crear un nuevo concepto tributario por el cual el Estado o las Confederaciones Hidrográficas compensen a los Municipios afectados por la superficie ocupada por el agua de los embalses como almacenamiento en una cuantía equivalente a las ayudas que recibirían de la PAC por abandono de tierras.

Implantar la cultura del ahorro energético, tanto en los procesos de producción como en el consumo doméstico, favoreciendo con ayudas públicas, la utilización de energías renovables y modificando los estándares de construcción de viviendas, aprovechamiento de luz y medidas racionalizadoras.

Planificar las demandas y ahorros de agua a través de un Plan Nacional de Regadíos, así como previsiones sobre mejora de dotaciones para riego, abastecimientos urbanos, industriales y de cualquier otra índole, estudiando la obtención racional de los recursos minimizando los costes sociales y medioambientales y estableciendo un régimen de financiación pública que evite la privatización de las obras hidráulicas y su posterior explotación mercantilista.

Suprimir de la última reforma de la Ley de Aguas los artículos que crean un auténtico mercado del agua, que ponen en peligro los acuíferos sobreexplotados y que legalizan futuros trasvases entre cuencas.

Política hidráulica preventiva. Creación de desaladoras. Diseñar una alternativa hidráulica sostenible y solidaria. El agua es de todos y debe de prevalecer el interés nacional. Revisar, modular o expropiar concesiones y caudales inutilizados o excesivos para los fines que fueron previstos, y ampliar el campo de estudio para la explotación de acuíferos que puedan suplir la ejecución de obras de regulación de fuerte impacto ambiental o social.

Garantizar la correcta transposición de las Directivas Comunitarias al Ordenamiento Jurídico del Estado español, especialmente las relativas a la protección ambiental.

Incorporar la Educación Ambiental a los diferentes niveles de la enseñanza oficial.

Potenciar la lucha contra la erosión y minimizar los costes ambientales generados en la explotación de recursos naturales tanto por el ejercicio de la caza (prohibiendo el uso de munición de plomo) como por la minería (restaurando el medio afectado y potenciando la tecnología que permita el reciclado de escombros y la reutilización de materiales de desecho de la construcción).

Aprobar una Ley de Protección de la Fauna y la Flora que garantice en los casos permitidos, la tenencia, venta, tráfico y mantenimiento de los animales en cautividad.

Desarrollar un Plan General de Recogida Selectiva de Residuos Sólidos Urbanos que contemple el reciclado de papel, vidrio, metales férricos, aluminio, plásticos y la parte orgánica, la minimización en el consumo y generación de residuos, y el aprovechamiento de los rechazos inertes para la elaboración de materiales reciclados, así como prohibir el PVC en los envases. Crear una red de recogida de envases de productos fitosanitarios ya utilizados.

Fomentar la adopción de medidas preventivas y el desarrollo de tecnologías limpias, con la puesta en marcha de proyectos de investigación.

Emplazar a las empresas a reducir la emisión de residuos tóxicos y peligrosos.

Reducir las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero, fundamentalmente el CO2, prohibir la fabricación y utilización de CFCs, HCFCs y bromuro de metilo, porque dañan la capa de ozono, y desarrollar otros modelos de transporte para hacer frente al cambio climático.

Una parte importante de lo que forma parte de nuestra identidad y memoria histórica es el patrimonio urbano y arquitectónico de nuestros pueblos y ciudades. Iniciaremos un plan de catalogación y conocimiento del estado de edificios y zonas urbanas, asumiendo un compromiso con el patrimonio público, restaurando o adecuando su uso.

Potenciar la Red de Parques Naturales que proteja aquellos espacios de singular significación medioambiental, por ser zonas de especial valor ecológico, albergar especies animales o vegetales de interés, ser zonas húmedas o de montaña o conservar bosques autóctonos.

15. Desarrollo de una legislación ambiental estricta dentro del Código Penal, tipificando el delito ecológico y endureciendo las penas a sus infractores. Se creará una sección de Comisarios del Estado para la Protección del Medio Ambiente que coordinen las tareas de vigilancia fluvial, forestal, gestión de residuos, vertidos y persecución del delito ecológico y se fortalecerán las unidades de las Fuerzas de la Seguridad del Estado destinadas a perseguir dichos delitos.

Desmantelamiento progresivo de las centrales nucleares ubicadas en territorio nacional, y de todas aquellas actividades relacionadas con el ciclo nuclear (minería, residuos nucleares, fábricas de combustible, etc.).

Reforestación con especies autóctonas de las tierras de baja productividad, así como de la cubierta vegetal en zonas gravemente erosionadas. Protección especial del monte bajo y de los márgenes fluviales.

Regeneración de nuestros humedales y recuperación de la capa freática.

Lucha efectiva contra los incendios forestales, lo que implica una eficaz coordinación entre ayuntamientos, administración y servicios contra incendios, además de impulsar el voluntariado juvenil con formación específica para tareas de protección ambiental y lucha contra el fuego. En el terreno de los incendios forestales, en gran parte intencionados con el objeto de obtener terreno para urbanizar, terreno para pastos o simplemente madera quemada, propugnamos una política que vaya a la raíz del problema y no se quede en los medios técnicos para combatir los incendios. Una serie de medidas básicas en ese sentido son:

prohibición de la comercialización de la madera quemada, de la recalificación y cambio de uso del terreno quemado y obligatoriedad de la reforestación con especies autóctonas...

Fomentar con ayudas la rotación de cultivos, el abonado verde, el control biológico de plagas y la agricultura biológica.

Restringir la caza. Si ésta fue una actividad tradicional, la explosión demográfica y la proliferación de tres millones de armas de caza, la han convertido en una de las causas de la extinción de las especies silvestres. Por otra parte, la proliferación de los cotos industriales, disculpa para cazar todo el año, está llevando también a la extinción de las especies silvestres por la competencia de especies exóticas introducidas con fines cinegéticos. La nueva legislación ampliará las épocas de vedas, un control estricto de la caza deportiva y la desaparición de los cotos industriales.

La preservación de la riqueza pesquera pasa por una gestión ecológica del medio natural, que implicaría la adopción de distintas medidas, tales como prohibición de trasmallos, boliches, redes de enmalle a la deriva y otras artes destructivas. Moratoria de 10 años para la pesca submarina litoral.

Vedas rigurosas en época de desove y paros biológicos periódicos.

Proteger a los animales: El desprecio y la falta de respeto hacia los animales son constantes y se ponen de manifiesto en multitud de festejos populares en los que los animales son víctimas de todo tipo de torturas. Toros, vaquillas, cabras, cerdos, asnos, gansos, gallos, etc. mueren violentamente en las calles y plazas de nuestros pueblos, en espectáculos degradantes. La nueva legislación regulará estos festejos que implican crueldad con los animales y cortará las subvenciones a los mismos. En el mismo sentido, se limitará radicalmente la experimentación con animales y la cría en batería.

Elaborar reglamentos precisos contra la contaminación sonora, radioeléctrica, radiaciones de baja frecuencia y capacidad de absorción del tráfico rodado en las grandes poblaciones. Mejorar, igualmente, la legislación sobre Sustancias y Preparados Químicos.

INMIGRACIÓN.

Las migraciones masivas se han convertido en un auténtico problema con ramificaciones en muchos órdenes de la vida social. Problema que los diversos gobiernos no han querido acometer por acomplejamiento y una muy deficiente asimilación de conceptos progresistas y humanitaristas.

16. La situación actual es de descontrol absoluto. El MSR, que ni padece complejos ni se siente atado a la cháchara humanitaria y la caridad de las sotanas religiosas o laicas, tiene muy claro que “aquí no caben todos”, por ello prioriza la Solidaridad Nacional ante el fenómeno inmigratorio y considera prioritaria la no entrada de más inmigrantes en nuestro país, la expulsión inmediata de todos aquellos que hayan entrada ilegalmente, estén ya regularizados o no, la paralización del reagrupamiento familiar, la cancelación de subvenciones a asociaciones de inmigrantes y acuerdos inmediatos con los países de origen para proceder a la repatriación de aquellos inmigrantes en situación legal que se encuentren en paro y que así lo deseen. Somos conscientes, que hay que separar el fenómeno de la inmigración del inmigrante (persona). El inmigrante es víctima de un sistema, el capitalista, que explota a los hombres y las mujeres, y es víctima de regímenes políticos corruptos y/o incapaces, por ello el MSR apoya todo tipo de ayudas para combatir y cambiar estas situaciones en sus respectivos países.

El MSR propone:

Presionar en las instancias internacionales para elaborar un Plan Internacional para el Desarrollo

Sostenible en el Tercer Mundo, financiado por las naciones con mayor PIB, y evitar las causas que producen la migración masiva de personas.

Derogación de la actual Ley de Extranjería y elaboración del Estatuto del Extranjero y del

Refugiado, que establecerá los requisitos necesarios para instalarse legalmente en España en consonancia, o no, con la normativa de la Unión Europea. En dicho Estatuto estarán fijados los derechos y deberes que afectarán a cualquier ciudadano que no sea de la Unión Europea y quiera residir temporalmente en España. El incumplimiento del citado Estatuto dará lugar a la suspensión definitiva de su permiso de residencia y se procederá a su repatriación.

En concreto, aquellos que delincan cometerán el peor de los agravios a una comunidad que los ha acogido. Se procederá a su repatriación inmediata tras el cumplimiento de las penas correspondientes, perdiendo todo derecho para retornar a nuestro país.

Para las actividades productivas en las que no fuese suficiente la mano de obra de la Unión

Europea, se contrataran contingentes de trabajadores extranjeros con las condiciones mínimas siguientes:

a) Se les ofrecerá un contrato de trabajo formalizado en origen, a través de los consulados de

España en el extranjero.

b) Reunirán los requisitos legalmente necesarios para entrar en el país y no haya incurrido en el pasado en actos delictivos en España ni tenga antecedentes penales en su país de origen.

c) Se extenderá un visado con fecha de caducidad de 30 días naturales tras la finalización del contrato de trabajo. Dicho trabajador entrará en un Banco de Datos para su contratación preferencial en caso de ser necesarios nuevos contingentes.

d) La consecución de un contrato de trabajo por tiempo indefinido daría derecho al trabajador a obtener un permiso de residencia en España.

e) Los trabajadores extranjeros que cumplan los requisitos anteriores, tendrán derecho a disfrutar de las mismas condiciones laborales y sociales que los trabajado-res españoles.

Reformar el Código Penal para endurecer las penas de aquellos que trafiquen o empleen mano de obra extranjera en condiciones de ilegalidad.

Ampliar los mecanismos de vigilancia adecuados para impedir la entrada de extranjeros de forma ilegal en nuestro país. Dotación de los recursos materiales y legales necesarios para las Fuerzas de la Seguridad del Estado en la lucha contra las mafias de traficantes de personas y garantizar la seguridad ciudadana en las zonas donde una alta inmigración deteriora la convivencia social.

Reforma del Código Civil en materia de nacionalidad, en la que primará la condición de ser hijo de españoles para adquirir por derecho propio la nacionalidad. Igualmente, se reglamentarán los requisitos que por derechos adquiridos de lugar a la concesión de la nacionalidad.

17. Se elaborará una Plan de Retorno de Emigrantes españoles en el extranjero, incluidos sus descendientes, como reparación de la deuda histórica que nuestro país tiene con aquellos que se vieron obligados un día a abandonarlo.

Revisión de todos los permisos de estancia y residencia posteriores a 1997 para su adaptación al nuevo Estatuto del Extranjero y del Refugiado.

Restringir el derecho a la reagrupación familiar para los extranjeros que hayan cumplido con las condiciones que le dan derecho a la nacionalidad española.

Restringir el derecho al voto a los ciudadanos de nacionalidad española, únicos legitimados por la Constitución para la participación política y en los que reside la soberanía popular española.

Se perseguirán todas aquellas conductas que basadas en la cultura de origen, atenten en suelo español contra derechos fundamentales de la persona establecidos en nuestra legislación vigente, o sean incompatibles con la cultura, la moral o la idiosincrasia de los ciudadanos de la comunidad de acogida.

SEGURIDAD CIUDADANA.

Si los ciudadanos no pueden transitar tranquilamente por sus pueblos y ciudades, si nuestro territorio se convierte en zona de operaciones del crimen organizado, si el delito y el crimen, además de víctimas, genera miedo y alarma social, si el sentimiento de impunidad se hace general, entonces no puede hablarse de libertad ni de Estado de Derecho. En este tema, el MSR propone:

La pluralidad de Policías en el territorio español, implica una gran reducción de su eficacia en detrimento de la seguridad ciudadana. Es por ello preciso establecer una coordinación eficaz a través de un Centro de Control de la Seguridad del Estado (CCSE) con el fin de coordinar y facilitar la acción conjunta de las Policías respectivas en sus ámbitos de actuación.

Equiparar a las Fuerzas de Seguridad del Estado con el resto de las Policías desplegadas en España, tanto en medios económicos y salariales, como técnicos.

Reformar la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad al objeto de posibilitar la mayor operatividad de los servicios de Policía Local de los pequeños municipios.

Establecer el 112 como teléfono único de emergencias conectado al CCSE desde donde coordinar las unidades policiales, bomberos, servicios médicos, Protección Civil y Guardia Civil.

Proponer medidas de lucha contra el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, y creando servicios específicos para la prevención, atención e inserción social de las mujeres víctimas del tráfico y los menores a su cargo si los hubiera.

Elaboración y desarrollo de un Plan Nacional de Seguridad Vial en colaboración con todas las administraciones competentes, con los colectivos profesionales y ciudadanos afectados. Dicho Plan será dotado económicamente para desarrollar las siguientes actuaciones:

Control periódico y sistemático del nivel de seguridad que ofrecen a los conductores las carreteras: evacuación del agua, repintado de marcas viales, deterioro del firme, etc.

Dar prioridad al criterio de la seguridad vial en toda decisión relativa a los trabajos de las infraestructuras de carreteras tanto dentro de las calzadas como en las zonas limítrofes.

Actuaciones específicas sobre puntos de alto riesgo para una reducción efectiva de la siniestralidad.

Potenciar los Servicios de Protección Civil, procurando una adecuada formación y la dotación de recursos materiales así como de la participación del Voluntariado.

Reelaborar los Planes Territoriales y Especiales de Protección Civil (Incendios Forestales,

Inclemencias Invernales, riesgo químico, inundaciones, mercancías peligrosas, catástrofes, etc.)

Lucha contra las mafias organizadas que explotan a mujeres o inmigrantes, aplicando las leyes vigentes y en concreto la Ley de Extranjería (hasta su derogación y cambio por la nueva legislación).

18. Programas de prevención, reinserción y protección, en colaboración con las organizaciones expertas que prestan atención social y sanitaria, a las personas que ejercen la prostitución.

Prohibir la prostitución callejera y clandestina. La prostitución, siempre que sea ejercida libremente, en locales específicos para ello, con las adecuadas medidas de sanidad y seguridad, alejados de zonas comerciales, centros educativos o socio-sanitarios, debe de ser regularizada reconociéndoles sus derechos y sus deberes laborales.

Endurecer la legislación en lo referente a la Protección Civil del derecho al Honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.

Perseguir y endurecer las penas por incumplimiento en lo relativo a la Protección de Datos de

Carácter Personal.

Derogar la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.

JUSTICIA.

La Justicia es una de las instituciones menos valoradas en España y más desprestigiada entre la población. Es raro el día que se publica una sentencia que no provoque la indignación de los ciudadanos. La sensación de que la justicia es lenta para las víctimas y excesivamente benévola para los delincuentes crea una atmósfera de impunidad insoportable para cualquiera de nosotros, donde delitos de opinión se persiguen con rabiosa intensidad mientras criminales y gentuza de la más baja ralea goza de todos los beneplácitos de una filosofía de la “reinserción” millonaria en fracasos. El MSR quiere aportar, en este sentido, las siguientes propuestas:

Hacer efectiva la independencia del Poder Judicial reformando la legislación que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Ministerio Fiscal que eviten las injerencias del Ejecutivo en su funcionamiento e impidan situaciones de impunidad. El nombramiento de sus componentes y el desempeño de sus funciones ha de estar controlado por las Cortes.

Reformar el Código Penal, entre otras muchas cosas, para incluir las penas de trabajos forzados y la cadena perpetua para crímenes execrables, sexuales, especialmente la pederastia, narcotráfico y crimen organizado.

Reforma de la Ley de Contratos del Estado, de forma que se garanticen las normas de publicidad, limpieza e igualdad que impidan el tráfico de influencias y la corrupción en los contratos de las Administraciones.

Reforma del Sistema Judicial, eliminando los jurados populares para delitos de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y delitos monetarios.

Transformación de Tribunal Constitucional en Sala del Tribunal Supremo.

Publicación de los nombres de los condenados por delito fiscal, fraude a la Seguridad Social, delitos de carácter sexual, narcotráfico y maltrato conyugal.

Creación de la Oficina de Asistencia a las Víctimas dotada del personal multidisciplinar adecuado.

Al propio tiempo habrá de garantizarse una red de recursos que asegure la adecuada asistencia a los ciudadanos y ciudadanas en los primeros momentos del hecho delictivo.

Promover iniciativas para que se faciliten los medios y los lugares necesarios para el cumplimiento de los arrestos de fin de semana y la realización de trabajos en beneficio de la comunidad así como los centros psiquiátricos y de rehabilitación de toxicómanos.

Elevar la mayoría de edad legal, penal y laboral a los 16 años, estableciéndose una justa paridad de derechos y deberes. Entre otros, la edad para ser elector y elegible en los distintos ámbitos electorales.

Derogación de la denominada Ley del Menor. Se legislará un nuevo texto en el que los responsables legales de los menores de 16 años deberán asumir la responsabilidad civil por los delitos y faltas cometidos por dichos menores.

Derogación de los artículos del vigente Código Penal que atentan contra la libertad de expresión, como son, entre otros, el 510 y el 607.

19. Se declararan ilegales todas aquellas empresas que aprovechándose de situaciones económicas personales o familiares desesperadas, dediquen su actividad a ejercer sin escrúpulo alguno la usura y el prestamismo. Se perseguirán las mafias dedicadas a las subastas públicas, las ventas dolosas y los recobros de deudas mediante la coacción y las amenazas.

La libertad de expresión, investigación, edición y pensamiento será garantizada y defendida por los poderes públicos a toda persona física o jurídica, siempre y cuando este derecho fundamental no se ejerza mediante violencia o intención manifiesta de difamación o de atentar al derecho al honor de personas o colectivos.

Garantizar que los ciudadanos puedan efectuar pagos y transacciones económicas sin tener que pasar obligatoriamente por las entidades bancarias privadas o utilizar cualquiera se sus productos financieros, tarjetas de créditos y similares. La Ley penalizará a los responsables jurídicos y gestores de empresas que no respeten este derecho.

Derogación de la discriminación positiva hacia los hombres. A iguales delitos iguales penas.

Endurecimiento de penas para aquellas personas, que aprovechándose de la alarma social que produce el lamentable aumento de la violencia de género, mienta o aporte pruebas falsas para perjudicar intencionadamente a la persona acusada.

EDUCACIÓN.

La Educación es, en efecto, la mejor de las inversiones a futuro, pero para el MSR es bastante más.

La Educación debe ser ante todo escuela de valores, de ciudadanos y de personas íntegras, conscientes de su responsabilidad con la comunidad y del valor que tiene la cultura y el conocimiento. Por ello, es imprescindible aumentar el número de centros públicos de enseñanza, mejorar su calidad, reducir el número de alumnos por aula en aquellos ámbitos masificados, proporcionar material de calidad, favorecer el reciclado y la formación del profesorado, mantener la formación una vez pasada la edad escolar y para los mayores, etc. Es necesario incrementar el gasto público en educación, hasta acercarnos a la media de la Unión Europea. Desde esta perspectiva, el MSR plantea las siguientes iniciativas:

Elaborar una nueva Ley Orgánica de la Educación, dotándola de mecanismos de financiación que garanticen que el presupuesto educativo en el conjunto del Estado alcance el 6% del PIB, complementando los recursos transferidos a las CCAA y homologando salariálmente al personal docente.

Rechazar la filosofía de la ausencia de esfuerzo, responsabilidad y disciplina entre todos los colectivos implicados en la educación, especialmente alumnos y profesores.

Reformar los contenidos de la enseñanza, unificándolos, aumentándolos y fortaleciendo las materias humanísticas y que ayuden a entender la propia identidad nacional y cultural. Potenciación de los valores de unidad y solidaridad entre los pueblos de España así como el respeto, conocimiento y difusión de las peculiaridades culturales y lingüísticas de las distintas comunidades autónomas.

Asegurar la igualdad de oportunidades expandiendo el número de centros educativos así como su distribución geográfica y fortaleciendo el sistema de becas y ayudas.

Se diseñará un Sistema Educativo Gratuito y Universal. Se promoverá la gratuidad en todos los niveles de enseñanza, desde la escuela infantil hasta la enseñanza universitaria. Del mismo modo, se evitarán todas las desigualdades que pueda generar la existencia de centros privados.

Mantener en la Enseñanza Media un tronco común de materias con alto contenido científico y cultural. Rechazar el establecimiento de “pasarelas” entre los Ciclos Formativos de grado medio y grado superior, porque desvirtuarían el nivel de la formación profesional.

Adecuar la Enseñanza Básica a las características de la Enseñanza Media propuestas en el punto anterior.

20. Reforma de la Formación Profesional. Crear las condiciones necesarias para que la Formación Profesional sea una verdadera preparación para el mundo laboral, dotándola presupuestariamente, actualizando sus contenidos, potenciando la formación práctica y experimental, y promocionando la conexión entre el mundo educativo y el ámbito empresarial.

Se Reformará la Ley de Universidades para potenciar la Universidad pública y de calidad, garantizando su autonomía, su financiación y la rentabilización social de sus actividades educadoras, culturales e investigadoras. Facilitar, mediante la creación de un distrito único, la movilidad de los estudiantes universitarios entre distintas Universidades del Estado español y de la Unión Europea.

La recuperación del medio rural debe basarse en dos pilares; la creación de empleo y la autosuficiencia educativa y cultural de las Comarcas. Se promoverá la permanencia de los centros de enseñanza primaria en los pueblos, así como la instalación de Centros Comarcales de secundaria, formación profesional, bachillerato, Educación de Adultos, y de enseñanzas no regladas bajo la forma de Universidades Populares.

Se impulsará la creación en todas las localidades de más de 20.000 habitantes, de enseñanzas públicas regladas en materia de idiomas, informática, música, y educación universitaria a distancia.

Se fomentará la creación de Conservatorios de Música y Bellas Artes en todas las capitales de provincia y localidades de más de 25.000 habitantes.

Se impulsará un Plan de gratuidad de libros de texto en las etapas de enseñanza obligatoria para el alumnado de centros públicos. Igualmente, se dotará de comedores escolares en todos los centros públicos que lo soliciten.

Apoyar decididamente al deporte base como parte esencial de una política deportiva pública y rechazar la política de subvenciones a los equipos de élite. Este apoyo se concretará en subvencionar la práctica del deporte entre los 12 y los 18 años como alternativa de ocio sano para nuestra juventud. Se creará un seguro único del deporte.

Reformar los planes de formación inicial y permanente del profesorado en todas las etapas educativas para adaptarse a las nuevas realidades del alumnado, medios tecnológicos y exigencias sociales.

Elaborar un Plan Nacional de Educación de Personas Adultas que planifique la extensión de centros de adultos por toda la geografía nacional así como las enseñanzas que deben ofrecer.

Se revisarán todos los conciertos con los centros educativos privados para evitar el fraude educativo y el establecimiento de modelos contrarios al marco general de la educación pública.

CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

La mercantilización de la cultura de masas ha tenido como resultado la invasión de la cultura-basura en todos los órdenes. Los niveles de lectura entre la población, la crisis del teatro o del cine, el desprecio por el patrimonio histórico, la ignorancia generalizada de las formas culturales tradicionales de nuestras comunidades, el deterioro de los idiomas peninsulares, la colonización cultural americanomorfa y la vergüenza y el bochorno que producen la programación de las cadenas de TV públicas y privadas son los indicadores de esta situación. Las consecuencias, aunque silenciosas, no pueden ser más nefastas: desaparición de toda capacidad crítica, estímulo permanente al consumo desenfrenado, la baja calidad de los productos culturales, el “analfabetismo cultural” con la pérdida de los rasgos de identidad de nuestros pueblos, etc. El MSR planteará una auténtica guerra a la cultura-basura en todos los órdenes de actuación. Para ello:

Elaborar una Ley Orgánica de Defensa de las Culturas Nacionales, en la que se primen los productos culturales propios y de calidad, estimulando la creatividad y las Artes, el conocimiento de la Historia, costumbres y tradiciones, el debate de las ideas y el ocio cultural.

21. Elevación del Instituto Cervantes a rango de Secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Cultura, con facultades propias y ampliando su marco de actuación a todas las lenguas peninsulares.

Protección de las producciones culturales españolas y europeas frente a la competencia norteamericana.

Promoción de las manifestaciones culturales populares y protección de las industrias relacionadas con la cultura, como la actividad editorial y la producción cinematográfica, sin abandonarlas a las leyes del mercado.

Puesta en marcha de un Plan Quinquenal de Infraestructuras Culturales con la finalidad de dotar a las Comunidades Autónomas de nuevos espacios para las artes escénicas, la música, exposiciones y talleres pluridisciplinares, además de contribuir a la cohesión territorial de los territorios.

Reforma de la Ley de Fomento del Libro y la Lectura, dotándola de presupuesto económico suficiente, potenciando las funciones de la Dirección General del Libro.

Política de bibliotecas que consiga elevar a España al nivel avanzado de los países de la Unión

Europea: 2,3 bibliotecas por cada 10.000 habitantes y 2 en adquisiciones de libros por habitante y año.

Potenciar el turismo rural frente al turismo de masas. Es necesario diseñar una nueva política turística basada en el respeto al entorno local, impidiendo la creación de núcleos turísticos separados de los núcleos de población tradicionales, elaborando normas urbanísticas y de conservación especiales para las zonas con mayor presión turística. Se estudiaría un proyecto de Red Nacional de Casas Rurales y Paradores que ponga orden en el actual caos. Igualmente, se desarrollará planes de recuperación y mantenimiento de instalaciones rurales tradicionales como fraguas, molinos y norias, y elementos interesantes de la arqueología industrial de las Comunidades, estimulando la creación de casas-taller y de oficios vinculando su actividad a las tareas de recuperación del patrimonio.

Puesta en marcha de un Plan de Restauración de Edificios Históricos para usos públicos y culturales. Se realizarán las reformas necesarias en la Ley del Patrimonio Histórico Español y la

Ley Reguladora del Patrimonio Nacional.

Con la finalidad de contribuir a la conservación de la memoria histórica se efectuará un inventario de los vestigios que sirva de base a actuaciones posteriores para la conservación y creación de una Red de Parques Históricos.

Potenciar los planes de creación y mantenimiento de Parques Arqueológicos y museos, dotando a los organismos competentes de suficientes recursos presupuestarios para desarrollar dichos planes de recuperación del patrimonio arquitectónico, arqueológico, paleontológico y etnológico.

Potenciar la creación y mantenimiento de orquestas, grupos musicales, grupos de danza, artesanía, artes tradicionales y teatros públicos, así como de ayudas a los grupos ya establecidos.

Defender el papel de la televisión pública como servicio público de calidad, insertando un porcentaje significativo de su programación dentro de las medidas de expansión culturales señaladas anteriormente. Regularizar la situación actual de las televisiones locales con objeto de estimular la participación ciudadana y al conocimiento de nuestros entornos cercanos.

Difusión a través de la TV pública del patrimonio histórico, con la finalidad de que los ciudadanos conozcan sus raíces y de sensibilizarlos en la importancia de conservarlo e incrementarlo. Potenciar la programación en las lenguas autóctonas en las televisiones autonómicas de los territorios bilingües.

Promover el acceso gratuito, a través del Ministerio de Cultura, a una dirección de correo electrónico a toda la ciudadanía, así como favorecer el establecimiento de una tarifa plana para los usuarios de Internet.

Reforma del Código Civil para el restablecimiento de la obligatoriedad de que los nuevos ciudadanos sean inscritos en el Registro Civil con nombres propios expresados en alguna de las lenguas españolas.

22. DERECHOS SOCIALES

El rango de ciudadano se obtiene por vivir en comunidad. Pero todo ciudadano, por su estructura vital y antropológica, comparte una familia, una convivencia en pareja, un educador responsable de la descendencia y un consumidor. Todo ello da lugar a derechos y deberes que van más allá de la propia individualidad: son los derechos sociales. Las propuestas que el MSR plantea en esta área son:

Defender la aplicación del principio de igualdad por razón de sexo sin ningún tipo de discriminación, para lograr una efectiva integración de los hombres y mujeres en la sociedad, con el objetivo último de conseguir la plena y real igualdad en el acceso al empleo, formación y en la vida social, económica y jurídica.

Equiparar las parejas de hecho con las uniones realizadas a través del matrimonio, tanto en lo que se refiere a los derechos como a los requisitos formales y personales, excepto los que implican a terceras personas como son la adopción y acogimiento.

Combatir la feminización de la pobreza, a través del incremento de la pensión de viudedad al 100% de lo percibido por el cónyuge, cuando no existan otros ingresos.

Elaborar programas sociales específicos para mujeres cabezas de familias monoparentales en situación de riesgo, para adolescentes y jóvenes madres o embarazadas, y para colectivos de mujeres en situaciones de marginalidad (drogodependientes, ludópatas, prostitutas, presas o víctimas de violencia).

Lucha radical contra la violencia doméstica y ampliar en los Juzgados de Guardia los equipos de profesionales para dar la debida atención y apoyo a la víctima, así como crear una Fiscalía Especial contra la Violencia Doméstica, que garantice una intervención más ágil y adecuada, y desarrollar medios que faciliten a la persona maltratada poder emprender de nuevo su vida con normalidad (casas de acogida, formación, medidas de reinserción,...). Se llevarán a cabo las reformas pertinentes en el Código Penal para reflejar estas nuevas medidas y endurecer las sanciones y penas a las personas autoras de maltrato. Fomentar la cultura de la corresponsabilización total del hombre y de la mujer en la realización de las tareas domésticas y del hogar.

Reconocer el trabajo no remunerado del hogar como fuente de derechos económicos, con el objeto de que estas tareas, que representan un porcentaje oculto en el PIB, se vean compensadas con ayudas económicas o salarios diferidos para las familias.

Promover modelos de consumo sostenible, implicando a productores y consumidores en la mejor utilización de los recursos, con el fin de conciliar el respeto medioambiental, la salud del consumidor y las responsabilidades sociales y éticas.

Reformar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley de Arbitraje, Ley General de Publicidad, Ley de Defensa de la Competencia y legislación relativa a los Contratos de Seguro, para garantizar la aplicación de las normas protectoras, mediante la dotación adecuada de medios humanos y materiales, con especial incidencia en los siguientes campos: Perseguir el fraude alimentario, aplicar el principio de precaución e información de riesgos en cuanto a los alimentos, fomentar el uso racional del medicamento, establecer garantías en los sectores bancario y de valores para los pequeños ahorradores, etc.

Reconocer a las asociaciones de consumidores el derecho a representar a sus asociados ante los tribunales de justicia y administraciones públicas en el Estado español y en otros Estados miembros de la UE.

Elaborar una Ley Orgánica de Protección a la Familia que contemple las situaciones de marginalidad, separaciones, protección de los hijos y Patria Potestad, con objeto de establecer mecanismos de apoyo y resolver situaciones conflictivas que ayuden a la viabilidad de las familias.

23. Los niños deben ser los únicos privilegiados en nuestra sociedad y a los primeros que hay que garantizar el libre desarrollo, la educación, las necesidades vitales y la protección frente a la agresión mercantilista que los convierte en consumidores o el derecho a zonas de juego a salvo de situaciones de riesgo externas. Una Ley del Niño regulará estos derechos, en la que se prohibirán tajantemente el trabajo infantil, la utilización de los niños en la publicidad o en espectáculos televisivos, el abandono y otras situaciones gravosas para el normal desarrollo del niño en un ambiente favorable.

El Código Penal incluirá la figura del Delito contra la Infancia, con penas y sanciones tan duras como execrable es el crimen contra los más inocentes, en especial, se perseguirá de forma rotunda y enérgica a todo aquel adulto que participe, comercialice o distribuya pornografía infantil.

Impulsar una Educación Sexual desde la escuela y generalizar los medios anticonceptivos no agresivos que eviten los embarazos no deseados, la proliferación del aborto, las enfermedades de transmisión sexual y los desarreglos sexuales.

Respecto al aborto, el Estado –como poseedor universal de la Patria Potestad de todos los menores asumirá la responsabilidad del todavía no nacido, ayudando a la madre a superar las dificultades y estableciendo mecanismos que garanticen el futuro del niño. El aborto defendido como un derecho propio de la mujer, nunca será aceptado por el MSR. El aborto no puede ser nunca un derecho, es un mal menor, asumible sólo en casos concretos y muy especiales, como en los que la vida de la madre esté en peligro, por violación de la mujer, o por malformaciones graves del no nacido.

Impulsar una Ley de Comunidades de Propietarios para que las Comunidades de Vecinos se conviertan en microcomunidades en las que prime la solidaridad y la convivencia. Se elaborará una Ley de Prevención de Riesgos a aplicar por las comunidades de vecinos, son sistemas de formación adecuados, rehabilitación y mejoras de las zonas comunes, etc.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

El funcionario debe ser un cargo de servicio, tanto al Estado como a los ciudadanos. Mejorar este servicio implica la modernización de la Función Pública. Sin embargo, el mantenimiento del aparato funcionarias de las distintas administraciones es caro y no debe sufrir del gigantismo injustificado ni de duplicaciones innecesarias. El planteamiento de un Estado descentralizado no debe suponer un aumento de la burocracia, sino la transferencia de su control por parte del Estado central a las Comunidades Autonómicas. Los criterios de acceso a la función pública han de basarse en la igualdad, la capacidad y el mérito. Para cumplir estos objetivos, el MSR apuesta por la elaboración del Estatuto del Funcionario con rango de Ley Orgánica, que asuma los siguientes planteamientos:

Reformar la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y la Ley del Procedimiento Administrativo para mejorar la eficacia de las distintas administraciones, conforme al desarrollo del estatuto del Funcionario.

Se crearán redes de conexión informática entre los distintos organismos públicos, universidades, institutos, federaciones de asociaciones, etc. para favorecer el tránsito de datos entre las mismas, obteniendo así un mayor beneficio para todos.

Creación de Oficinas de Comunicación con los ciudadanos y mejora en los niveles de eficacia y prestación de servicios al ciudadano de la red de Ventanilla Única Creación del Cuerpo de Comisarios del Estado con objeto de llevar a cabo las inspecciones en los distintos órdenes, convirtiéndolo en un servicio eficaz en defensa de los derechos de los ciudadanos.

Estructuración y diseño de los servicios de la administración para adecuarlos a las necesidades de los usuarios, incrementando las inversiones en la mejora de calidad de los servicios. Se establecerá un sistema de evaluación continua de la calidad de los servicios.

Mejora de los procedimientos administrativos incorporando las nuevas tecnologías, implantando la teletramitación en los citados procedimientos.

Reforma de la organización de la Administración autonómica para adecuarla a sus nuevas funciones y a las áreas de interés para los ciudadanos.

Potenciación de la capacidad de autoorganización de las administraciones locales.

24. Firma de “contratos por objetivos” con los altos cargos de la Administración pública, elaborando una Carta de Derechos y Deberes de los Directivos Públicos.

Modernización del sistema de acceso a la administración pública para asegurar la incorporación de los mejores profesionales, con respeto a los principios de mérito, publicidad, igualdad y capacidad.

Homogeneización de las retribuciones salariales y de las condiciones de trabajo entre las distintas administraciones para evitar las actuales desigualdades existentes.

EJÉRCITO.

La defensa es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. La reciente legislación española contempla un Ejército profesional, pero la realidad es que la carrera del soldado profesional es muy limitada, sus salarios insuficientes y la preparación deficiente. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas españolas se han convertido en tropas auxiliares de la OTAN orientadas a misiones muy distintas a las de la defensa nacional y el servicio al pueblo español. El MSR no está dispuesto a mantener este estado de cosas y su intención es devolver al Ejército el respeto social y buscar su encaje natural dentro de la sociedad española para la defensa colectiva de los intereses nacionales y europeos. Para lograr dichos objetivos, el MSR propone un paquete de medidas que implican un cambio radical en la doctrina militar española:

Elaborar una Ley Orgánica de Organización de la Defensa que defina la función de los Ejércitos como responsables de la defensa de la soberanía, la integridad, la libertad y la dignidad de la Nación y de su ordenamiento legal. Además, será misión de los Institutos Armados, como pueblo organizado, coordinarse para acometer funciones de servicio público en situaciones de emergencia, alarma y catástrofe.

Los ejes sobre los que se construirá la Organización de la Defensa serán tres: capacidad disuasoria ante potenciales enemigos, eficacia en la acción armada y el concepto de Defensa Operativa del Territorio (DOT) con la movilización total de los recursos disponibles.

Para el cumplimiento de su misión, se adaptarán los presupuestos de Defensa e investigación militar a la inversión media de la Unión Europea.

Socialmente, se dignificará tanto la figura del militar de carrera como la del soldado profesional, dotándoles del respeto social que merecen y exigiendo los deberes por los que se les han encomendado la importante misión de la defensa nacional. En este sentido, se elaborará un Estatuto del Soldado con la consiguiente modificación de las Ordenanzas Militares y acabar con el tradicional clasismo de las castas militares.

Junto a las tradicionales Fuerzas de Tierra, Mar y Aire, se crearán las Fuerzas Estratégicas, encargadas del factor disuasorio de la defensa nacional.

Creación de una Guardia Nacional compuesta por voluntarios, a la que podrán pertenecer todos los españoles mayores de edad, con la misión de acometer la Defensa Operativa del Territorio. La Guardia Nacional contemplará su despliegue por contingentes repartidos por todo el territorio nacional que dependerán, orgánicamente, de las respectivas Comandancias de la Guardia Civil. Sus miembros seguirán sus actividades civiles normales y mantendrían su operatividad con pequeños períodos de formación anual, tanto en temas de defensa como en situaciones de emergencia, alarma y catástrofe.

Incluir en los niveles de la Enseñanza Primaria y Media programas educativos para la Defensa y para las actuaciones de Protección Civil.

Regular y coordinar los distintos Servicios de Información dependientes de los cuerpos armados.

Potenciar la industria militar que pueda ser adaptada posteriormente para usos civiles.

25. ESTRUCTURA TERRITORIAL.

El MSR defiende un modelo federal de organización territorial del Estado, en el que se garanticen los derechos y obligaciones de todas las partes frente al todo en un plano de igualdad y reciprocidad, y basado en los principios de federalismo cooperativo, existencia de representatividad territorial y defensa del principio de solidaridad nacional. En la línea de las reformas que nos conduzcan a dicho modelo federal, cerrar el proceso autonómico siempre aprovechado para el chantaje por las oligarquías locales, y aplicar el principio de subsidiariedad y no duplicidad de las administraciones públicas, el MSR tomará las siguientes iniciativas:

Constituir el Senado como Cámara Territorial, foro para las relaciones de las comunidades entre sí y con el Estado, con plenas facultades en materia autonómica y de financiación, y con funciones legislativas en aquellas materias que inciden en la estructura competencial de las comunidades autónomas reconocidas en sus respectivos estatutos, y con función de coordinación de la política de Ordenación del Territorio.

Proponer para la elección de senadores un sistema de listas abiertas y desbloqueadas; constituyendo las circunscripciones electorales las comarcas que formen las distintas comunidades autónomas y coincidiendo la convocatoria con la de elecciones a los respectivos parlamentos autonómicos. Se establecería que los presidentes de los gobiernos autonómicos fueran senadores por derecho propio.

Racionalizar las administraciones con la supresión de los organismos duplicados, evitando las duplicidades, la concurrencia y superposición de competencias por parte de todas las administraciones, mediante la desaparición de la administración periférica del Estado en las Comunidades Autónomas salvo en las funciones exclusivas del Estado que marca la Constitución.

Reformar, por tanto, la Ley de Transferencia de Competencias de las Comunidades Autónomas, Ley de Cesión de Tributos del Estado y Ley Orgánica de Financiación de las CCAA.

Eliminar el rango constitucional de la provincia para que las CCAA puedan modificarlas o sustituirlas en la línea de la división comarcal del territorio. Suprimir las diputaciones provinciales, por no corresponder a unidades territoriales sentidas por la población, por su carácter pseudodemocrático derivado de la elección no directa de los diputados y por haberse convertido en centros de control político a través del reparto clientelar de subvenciones, prácticas de nepotismo y otras formas modernas de caciquismo.

Reformar la legislación general para permitir al censo de habitantes de una comunidad residentes en otras CCAA su participación en las elecciones a los parlamentos regionales.

Transferir la Administración de Justicia a las Comunidades Autónomas con las imprescindibles dotaciones de personal y medios para garantizar la prestación de un servicio público básico.

Establecer los Tribunales Superiores de Justicia como máxima instancia en la resolución de los recursos de casación y revisión, eliminando la remisión al Tribunal Supremo, cuya función será la de unificar doctrina y resolver en temas de exclusividad del estado.

Reformar la Orgánica de Financiación de las CCAA y la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial para diseñar un nuevo modelo de Conciertos Económicos que garantice a todas las CCAA la autonomía y la corresponsabilidad, garantizando también la solidaridad entre los territorios que presentan distintos niveles de renta. Las CCAA podrían gestionar, inspeccionar, recaudar y revisar todos los impuestos del actual sistema estatal (IRPF, Sociedades, Patrimonio, etc.), sobre los que dispondrían de capacidad normativa para determinar tipos, deducciones y beneficios fiscales, aunque dentro de las bandas establecidas por el Estado. Posteriormente, entregarían anualmente a la Administración General del Estado el cupo correspondiente para que ésta ejerciera sus competencias exclusivas no transferibles y dotara un fondo de solidaridad para compensar a las CCAA deficitarias en renta y servicios.

Iniciar el proceso de descentralización de competencias a las administraciones locales, modificando Ley de Bases de Régimen Local, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y elaborando una Ley Orgánica de Transferencias a los Municipios, con objeto de acercar, aún más, el autogobierno al ciudadano.

26. Acometer las reformas legislativas para el reconocimiento de Castilla como nacionalidad histórica en su totalidad, comprendiendo a las seis actuales comunidades autónomas castellanas de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madrid, Cantabria, Extremadura y La Rioja; tratamiento que le corresponde por sobradas razones históricas, sociales, culturales y políticas, y que es en este momento un agravio comparativo frente a las otras comunidades históricas.

Fomentar la identidad colectiva de nuestros pueblos, potenciando sus valores culturales, las señas de identidad y las manifestaciones de autoestima. La defensa de las identidades culturales se acompañará de la extensión de los valores de la solidaridad, la cooperación y la amistad entre todos los pueblos de España y su proyección en la futura Unidad Europea.

POLÍTICA EXTERIOR.

La integración de España en la Unión Europea condiciona, sin duda, una política exterior autónoma para nuestro país. Sin embargo, la habilidad diplomática y una cierta audacia permitirían una mayor audiencia de España en el concierto internacional, especialmente en aquellos asuntos en los que históricamente hemos tenido una responsabilidad o en situaciones de clamorosa injusticia. El MSR considera la política exterior como la Gran Política donde se miden las capacidades de los grandes estadistas. Asumiendo las consecuencias, el MSR acometerá los siguientes desafíos:

Proponer que el Parlamento Europeo redacte y apruebe cuanto antes una Constitución Federal de

Europa, donde se consagren los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores, la división de poderes, el control parlamentario, los derechos de las nacionalidades y la participación popular para construir la Unidad Nacional Europea.

Exigir el cumplimiento en el Estado español de las normativas comunitarias que suponen un importante avance en la protección ambiental, en el derecho a la información, en la salud e higiene en el trabajo, en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, en la protección de los consumidores, etc.

Reforzar la política exterior y de defensa común de la UE, para abandonar la actual situación de dependencia de EE.UU. y mejorar la situación geopolítica del continente. Salida inmediata de la OTAN y refuerzo del papel del Euroejército. Denuncia de los tratados que legitiman la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional.

Condonar la deuda externa que los países empobrecidos del Tercer Mundo mantienen con el Estado español, condicionada a reformas en dichos países que impulsen el desarrollo y la justicia distributiva, el respeto a los derechos fundamentales y las relaciones preferenciales con la UE.

Reivindicación incondicional de la soberanía española de Gibraltar llevando el tema a las instancias internacionales pertinentes y cerrando cualquier tipo de colaboración con el colonialismo británico.

Defender la irrenunciable españolidad de Ceuta y Melilla y la obligación tanto del Gobierno como del futuro Euroejército de defenderla militarmente ante cualquier intento de agresión por parte del expansionismo marroquí.

Reivindicación de la soberanía del Sahara y reconocimiento internacional de la República Árabe Saharaui Democrática, apoyando política, militar y materialmente al pueblo saharaui.

Fomentar la paulatina inclusión de los países del Este de Europa, incluidos los de la antigua Unión Soviética, en la Unión Europea.

Tajante oposición a la entrada en la Unión Europea de Turquía -e Israel-, ajena a al historia y personalidad europea, e instrumento geopolítico de los Estados Unidos en su pretensión de anular la posibilidad de la consolidación de Europa como alternativa a su hegemonía internacional.

Hacer frente al imperialismo norteamericano como brazo armado de la globalización capitalista en todas las instancias internacionales.

Condenar el bloqueo inhumano contra naciones y pueblos a causa de los intereses imperialistas y mercantilistas.

27. Reconocimiento del Estado Palestino, ocupado ilegalmente por la entidad sionista y presionar el cumplimiento de todas las resoluciones de Naciones Unidas respecto al conflicto en Oriente Medio.

Denunciar las políticas impulsadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, apoyando formas alternativas para las relaciones económicas internacionales, basadas en el respeto a la identidad y la soberanía de todos los pueblos, en la solidaridad y en el desarrollo de amplios espacios autocentrados.

Promover la reforma de la estructura y funcionamiento de la ONU, denunciando el derecho de veto en el Consejo de Seguridad y haciendo valer la Carta Fundacional frente a las presiones de las grandes potencias.

Promover la Unidad Latinoamericana apoyando las iniciativas de aquellos países que marchan en esa dirección, frente a las injerencias estadounidenses y sus mecanismos neocoloniales como el ALCA, el TLC, la dolarización o el chantaje de la Deuda. Potenciar el papel de España como puente entre Europa e Iberoamérica, en base a los lazos históricos que nos unen a los pueblos hispanos.

Presionar para establecer un régimen libre y democrático en Guinea Ecuatorial con el que poder reestablecer los lazos históricos y la cooperación.

Retirada inmediata de las tropas españolas destinadas en zonas de conflicto que no hayan sido solicitadas por sus respectivos pueblos en el marco de tratados de ayuda mutua o por los ejes de la política exterior de la Unión Europea.

DEMOCRACIA.

El actual Régimen político español fue resultado del consenso entre los herederos de la dictadura del General Franco y una oposición con muchas dependencias internacionales. El resultado ha sido un modelo político con un gran déficit democrático que lo ha convertido en una partitocracia al servicio de oligarquías y grupos de presión con intereses distintos y habitualmente contrapuestos a los de la mayoría de los ciudadanos españoles. El MSR se propone profundizar la democracia con una serie de medidas destinadas a hacer realidad que la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto. Para ello, el MSR tomará las siguientes iniciativas:

Modificar la Ley de Partidos Políticos y ampliarla para que puedan ser sujetos de derecho a representación electoral las Organizaciones Sindicales, asociaciones corporativas y uniones de electores.

Reformar la Ley Orgánica Electoral General para desbloquear abrir las candidaturas, aumentando así la capacidad de los ciudadanos frente a los aparatos de los partidos, sustituir el sistema D'Hont por un sistema proporcional y abrir los medios de comunicación públicos a todas las opciones siguiendo criterios de igualdad y respeto a las minorías.

Igualdad de los ciudadanos ante la Ley y poder ser elegido para cualquier cargo representativo del Estado, desde la Jefatura del Estado hasta el concejal de la población más pequeña.

Establecer el sistema de Diputado de Distrito, que permita acercar los candidatos a los electores así como mecanismos para la recusación de cargos electos por los ciudadanos ante el incumplimiento flagrante de programas electorales o corrupción.

Prohibir expresamente el transfuguismo mediante la reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado, aislar estas prácticas, negando a los tránsfugas las capacidades políticas y las asignaciones presupuestarias que corresponden a los grupos institucionales surgidos de candidaturas con respaldo electoral.

Permitir la creación de comisiones parlamentarias de investigación con el apoyo de una minoría cualificada.

Abrir cauces a la participación directa de los ciudadanos, sea a través de referéndum o desde el fomento del asociacionismo independiente.

28. Reforma ética de la vida política. Se exigirá el establecimiento de criterios estrictos de incompatibilidad, tanto en el desempeño de cargos de responsabilidad representativa como en el desarrollo de ocupaciones privadas en las que el electo pueda beneficiarse de su posición política.

Elaborar una Ley de Responsabilidades Políticas, con consecuencias en el Código Penal, para el ejercicio responsable de los cargos públicos

Establecer un umbral de representatividad para acceder al Congreso de los Diputados, en el que reside la soberanía de todo el pueblo español. Este umbral se establecería en la necesidad de obtener un 5% de votos para tener derecho a representación parlamentaria.

Derogación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos para estimular la autofinanciación de los Partidos Políticos y no gravar a la población con desorbitados costes electorales y estructuras burocráticas desmesuradas.

Luchar contra la corrupción en el ámbito político. Potenciar la austeridad como norma de comportamiento político, y la rotación de los cargos electos como antídoto contra la corrupción. Reformar la Ley Orgánica de Modalidades del Referéndum para hacer vinculantes las consultas directas a la ciudadanía. Asimismo, se potenciará la Iniciativa Legislativa Popular haciendo una Ley menos restrictiva.

Impulsar la creación de la identidad electrónica del ciudadano, el proyecto de DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD ELECTRÓNICO para abrir la posibilidad de una mayor democracia participativa aprovechando las posibilidades abiertas por las nuevas tecnologías informáticas, como es el caso del voto electrónico.

REFORMA CONSTITUCIONAL.

Buena parte de las medidas legislativas del programa político del MSR implican profundas reformas en nuestro actual texto constitucional. La reforma de la Constitución de 1978 se hace imprescindible para hacer efectivo el programa que nuestro Partido propone a la sociedad española si queremos caminar en la profundización de la democracia, en la construcción socialista y en el desarrollo federal de nuestras comunidades. Como es conocido, la reforma constitucional, especialmente en lo que se refiere a algunos títulos del texto, exige determinados mecanismos que implican un consenso social absolutamente mayoritario y su aprobación en Referéndum. El MSR, una vez marcado el camino con las propuestas señaladas en su programa político, pondrá a consideración del pueblo soberano la reforma en profundidad de la Constitución de 1978. Para ello:

Elaborar una Ley para la Reforma Política que, aprobada en referéndum, sirva para convocar Cortes Constituyentes.

Proceder a las reformas y cambios constitucionales que las Cortes soberanas consideren necesarios para llevar adelante los objetivos establecidos en la Ley para la Reforma Política, especialmente, los relativos a la forma política del Estado, desarrollo de la democracia participativa, la transformación del actual Estado de las Autonomías en un Estado Federal, que sea igualitario y simétrico, donde los denominados hechos diferenciales no supongan el establecimiento de diferencias y desigualdades entre los pueblos que lo constituyen, y la construcción de un modelo socialista de desarrollo económico y social.

En concreto, respecto a la forma del Estado, se propondrá al pueblo español la instauración de un modelo republicano en el que el Jefe del Estado sea elegido por sufragio universal, directo y en circunscripción única. Referéndum Nacional para la aprobación del nuevo texto constitucional reformado y convocatoria de elecciones legislativas para devolver la normalidad institucional a la política española.

Páginas

Programa